Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Hoy hablamos día tras día de educación. Es el tema de moda y según las encuestas, la mayor preocupación de los chilenos. Todos a la calle, todos por la educación, dice el lema que marcha tras marcha se cuela en nuestros hogares, oficinas, escuelas y universidades. Por primera vez, la educación resulta ser una prioridad social y una emergencia pública.

En el marco del denominado movimiento estudiantil, una de las discusiones menos vistosas para la opinión pública y, no por ello, menos intensa es la que lleva adelante nuestra Universidad de Chile y el Consorcio del Consejo de Rectores de Universidades del Estado desde hace varios años, que ha sido denominado “Nuevo Trato con el Estado”, tema sobre el cual deseo escribir estas breves líneas. Deseo y pretendo hacerlo con la finalidad de contestar una pregunta que resulta clave a la hora de buscar soluciones en este conflicto: ¿por qué el Estado necesita universidades públicas? Hago esta pregunta, pues buena parte de la discusión y de la visión de los órganos del Estado buscar obviar las respuestas a esta interrogante, especialmente nuestro Poder Ejecutivo, más preocupado de los costos fiscales de una reforma que de los fundamentos y necesidad de la misma. Me permito afirmar lo anterior, teniendo especialmente presente que lo que el Gobierno ha denominado la gran reforma de la educación superior hasta ahora no es sino un tímido traspaso de recursos que buscan paliar la injusticia de tres décadas con las universidades públicas y alivianar, en una cortoplacista medida, la carga financiera de las familias a través de becas y rebaja de tasas de interés en el crédito con aval del estado, sin un convencimiento real que las políticas de educación superior no son gastos sociales sino que inversiones públicas.

De hecho, gran parte de esta discusión ha girado en torno a la gratuidad o no gratuidad del sistema y en el lucro que impera en todo el sistema educacional privado chileno, y conforme a ello, la discusión se torna en un monólogo interminable e ideológico, donde queda la sensación que más que querer solucionar los conflictos, lo que se busca es tervigersar y confundir a la opinión pública, de modo que la definición de lo público y la necesidad de lo público en materia de educación superior ha sido, a mi juicio, escasamente abordado por unos y derechamente ignorado por otros, cuestión especialmente grave, cuando el que ignora es el Estado, quien en el pasado más cruento, quiso aniquilarlas y que durante tres décadas, las ha dejado a la deriva. Ello no es un olvido casual, sino que conciente y persistente en el Chile que vivimos.

De este modo, el tema planteado resulta fundamental, pues es necesario, a mi juicio, volver a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué el Estado necesita universidades públicas? Una primera aproximación a esta interrogante está dada por la necesidad del Estado de buscar mayor justicia social y oportunidades de acceso al sistema de educación superior. Suele destacarse en este punto la promoción social que ha permitido el sistema de educación superior, donde son cada vez mayores los estudiantes universitarios de primera generación familiar y no dudamos en establecer metas de acceso tanto para el año 2012 como para los años venideros. Pero, por muy loable que sea y es este objetivo, no satisface nuestra inquietud desde el punto de vista de Estado y su nuevo trato. Es evidente, en este punto, que la simple promoción social no define lo público de una Universidad en tanto entendemos lo público como propiedad necesaria del Estado, pues aceptar esta hipótesis equivale simplemente a subsidiar la demanda privada a través de becas y créditos que, como pretende el Poder Ejecutivo, puede el estudiante usar en cualquier institución de educación superior, con las nefastas consecuencias que ello ha tenido en la situación financiera de muchas familias y en los altos niveles de deserción educacional y empleabilidad posterior. ¿Que hace distinto, bajo esta perspectiva, que un alumno de bajos ingresos estudie en una universidad privada o una universidad estatal?. Nada. Si la lógica es la simple promoción social y salvo por el evidente prestigio que goza gran parte de las universidades públicas, no obtenemos una diferencia que nos de luces a la interrogante planteada. Aclaremos que esta posición no implica rechazar un rol del Estado y sus Universidades en esta materia, pero obviamente no es suficiente y tampoco imprescindible. El origen mismo de las universidades públicas está desligado de este propósito.

Siendo lo anterior insuficiente, una siguiente aproximación que me parece más cercana a la cuestión planteada dice relación con la necesidad del Estado de generarse las tecnologías, ciencias y artes del conocimiento y las competencias que le permitan al país en su conjunto insertarse a un mundo cada vez más interrelacionado y complejo, de modo que la definición de lo público va en función, ahora, de las necesidades colectivas. Que quiero decir con esto. La formación profesional a cargo del Estado y sus universidades debe ser vista no como la simple satisfacción de una demanda privada del estudiante que concurre a un aula universitaria, sino como la posición estratégica del país en valor agregado y ello con la finalidad de satisfacer, ahora si, necesidades públicas. Cuales son esas necesidades públicas: democracia, desarrollo, justicia social y multiculturalidad. Lo anterior implica que reconociendo el aporte privado que siempre es bienvenido en estas materias, ello no obsta a que el Estado deba, como primera prioridad y desafío, proveer todas las herramientas, recursos y capacidades en las necesidades expuestas, lo hagan o no las iniciativas privadas.  Un sesgado concepto reduccionista del Estado, donde simplemente, éste adquiere un carácter subsidiario de la actividad y emprendimiento privado es, por lejos, un campo de cultivo no sólo de la inacción de lo público sino que fundamentalmente la jibarización social que trae consigo. No se trata en este punto de desconocer que la actividad y emprendimiento privado no sean importantes y necesarios en un país, pero pretender dejar de lado lo público y quedarse con lo privado es desconocer la razón de ser del Estado. Y en esta discusión, las universidades públicas tienen, desde luego, un papel relevante que cumplir y que a mi juicio justifican su existencia.

En materia de democracia son las universidades públicas quienes mejor pueden desde la teoría y la práctica hacer efectiva la participación social en las distintas esferas de la vida nacional, de manera transversal, laica y dialogante. En este punto, centros abocados al estudio de las políticas públicas y sus perfeccionamientos, estudiantes y cuerpos académicos comprometidos con cuidar, proteger y perfeccionar un sistema democrático y siendo parte de esas políticas públicas, en su estudio, diseño, implementación y control, resultan ser un desafío y necesidad primaria del Estado que evite el populismo y las tentaciones autoritarias, tan comunes de nuestro pasado reciente. Democracia sin universidades públicas fuertes y comprometidas con ella es igual a democracia sectaria y a tirones, donde el mejor postor busca quedarse con el poder.

Por su parte, el desarrollo del país en arte, ciencias, competencias, tecnologías y producción con valor agregado es una tarea diaria que tampoco puede ser entregada simplemente a la iniciativa privada que, aunque importante, es por definición particularista y desde el punto de vista del Estado, claramente insuficiente. El gran desafío del siglo XXI es precisamente la capacidad de los países por adaptarse e innovar en la vorágine de la vida moderna, buscando soluciones rápidas, eficientes y creativas para viejas y nuevas problemáticas. Los recursos naturales son cada vez más escasos y la necesidad de competir en tecnología y conocimientos son, en contrapartida, cada vez más urgentes. Para ello, necesita de universidades públicas abocadas a la investigación y desarrollo de las mismas. Y ello no se satisface con la simple concursabilidad de becas y proyectos como ocurre en la actualidad. Se satisface con la intervención directa del Estado y sus universidades en la investigación y desarrollo de tecnologías, ciencias y competencias. Las universidades públicas no pueden ser para el Estado un actor más en el sistema de educación terciaria, que deben competir día a día no sólo por captar alumnos sino que también por los escasos recursos del Estado. Son, por definición, el Estado al servicio del país.

En materia de justicia social y multiculturalidad el Estado necesita de Universidades Públicas insertas en las realidades nacionales, sus historias, sus culturas, sus luces y sombras, y lo digo en plural, pues precisamente no existe una realidad nacional, sino muchas, no existe una historia, sino que múltiples y no existe una cultura, sino que las más diversas a lo largo y ancho de nuestro país. Toda nuestra historia patria está plagada de inequidades y abusos, ocultas bajo la historia oficial que determinados grupos de presión e interés han pretendido implantar. No existe un Chile único y sencillo, sino que por el contrario, existe un Chile múltiple y complejo. Y es aquí donde nuevamente el Estado necesita de sus Universidades. No es posible para un país avanzar con inequidades y falta de identidad y necesita por ello, rescatar la esencia de lo público, como bien colectivo, transversal e integrador.

Son estas cuestiones, a mi juicio, sobre las cuales debe haber una definición del Estado que permita entender hacia donde vamos en educación pública superior, pues una cosa es preocuparnos de la cobertura y de ciertos grados mínimos de calidad que permitan al profesional insertarse al mundo laboral y otra muy distinta es entender que el Estado necesita mayores y mejores capacidades y competencias en materias de producción, innovación, seguridad e identidad y es aquí donde el rol de las universidades del Estado, como se ha dicho en las líneas precedentes, adquieren una dimensión y trascendencia que las hacen insustituibles y especialmente relevantes.

Hasta ahora, hemos visto, una preocupación de las universidades públicas en la búsqueda de un nuevo trato, pero no vemos similar preocupación, interés o inquietud del Estado en un nuevo trato, en parte por intereses cruzados de quienes nos gobiernan y en parte también por el desprecio que muchos tienen del Estado y del espacio de lo público. Esperamos, sinceramente, esto pueda cambiar en el futuro.