Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

En columna del día martes 19 de abril del año en curso, en el diario El Mercurio, Carlos Williamson sostuvo que el aumento del tamaño del Estado en los últimos años habría provocado su mutación en aquella bestia bíblica devoradora de naves marinas. Ahora bien, la analogía entre el Estado de Bienestar moderno y el Leviatán de Hobbes incurre en ciertas imprecisiones conceptuales y empíricas.

En el plano conceptual, el Estado de Bienestar moderno, aún asumiendo como cierta la premisa empírica de su aumento desmedido, no emerge de la teoría del Estado formulada por Hobbes[1]. Para este autor, el pacto social surge de la autorización y transferencia que cada hombre hace de su derecho a gobernarse a sí mismo. El gobierno queda radicado en una sola autoridad, convertida en soberano absoluto del reino. En corto, el Estado, mediante el pacto social, quedaba al nivel de un “dios mortal”, cuya misión era inspirar terror a fin de pacificar y controlar a los hombres, que vivían en estado de guerra permanente (homo homini lupus) hasta antes del Leviatán. Si bien la teoría de Hobbes sirvió de fundamento a las monarquías absolutas que proliferaron en Europa durante los siglos XVII y XVIII, la experiencia histórica posterior y la evolución de las ideas permitieron superar esta concepción absolutista y tender tanto hacia el establecimiento de diversos mecanismos de control y limitación del poder estatal, como hacia nuevas justificaciones de su ejercicio. Así por ejemplo, para Rawls[2], son la imparcialidad y justicia las que justifican el acuerdo social (y no el temor a perder las propiedades o derechos, como en Hobbes), por lo que el Estado debe intervenir en la esfera socioeconómica a fin de proveer “bienes primarios básicos”. A este acuerdo llegarían personas libres y racionales interesadas en promover sus propios fines, partiendo desde una situación hipotética de igualdad inicial (“posición original”). Sólo mediante la implementación de ciertas políticas públicas (igualdad de oportunidades en educación y capacitación, distribución decente de los ingresos y la riqueza, y atención de salud básica para todos los ciudadanos, entre otras) pueden los ciudadanos hacer uso efectivo de las libertades garantizadas. Lo anterior se encuentra muy lejos de la conclusión de Williamson de que “El Estado crece y crece porque asume roles en la producción de bienes públicos e interviene en la vida económica interna más allá de lo necesario y de lo prudente”. Más bien se trata de reflejar el tránsito desde un Estado mínimo y abstencionista, a un Estado activo en la provisión de derechos sociales básicos, como educación, salud, previsión social, vivienda y trabajo. Lo anterior no porque algún burócrata haya aparecido con la idea, sino porque los ciudadanos acuerdan en el pacto social, plasmado en la Constitución Política, que sólo en la medida que se satisfagan estos derechos se justifica y se legitima el poder político.

Por otra parte, en el plano empírico, Wiliamson alude a dos cuestiones. Por una parte, sostiene que en los países “industrializados” el gasto público ha aumentado exponencialmente. Por otra parte, argumenta que lo anterior conduciría a un incremento de la inflación y un deterioro del crecimiento económico. Si bien es cierto que el gasto público se ha incrementado en las economías más desarrolladas, no es menos cierto que, en nuestro país, dicho escenario está aún muy lejos de realizarse. De hecho, en América Latina el gasto público como porcentaje del PIB apenas aumentó durante las últimas dos décadas, llegando a situarse en 28,5% en 2008, prácticamente el mismo nivel que tenía en 1990, según cifras de la CEPAL. En Chile, este indicador alcanzó el año 2008[3] la cifra de 21%, ¡menos de la mitad del porcentaje señalado y temido por Williamson! En cuanto a los supuestos efectos económicos perniciosos de un mayor gasto público, se haría bien en introducir también el otro lado de la moneda, esto es, los reconocidos efectos positivos de la provisión pública de ciertos bienes. En tal sentido, Vicenç Navarro[4], cientista político catalán especializado en economía política y Estado de Bienestar, ha demostrado que existe una correlación directa entre políticas redistributivas y resultados en salud. De acuerdo a sus resultados, entre 1972 y 1996, la implementación de políticas redistributivas –que implican un mayor gasto público- se asoció con una disminución de las tasas de mortalidad infantil. Al contrario, en los países que no utilizaron esta herramienta, aumentó el desempleo y los niveles de pobreza.

En resumidas cuentas, no sólo el tamaño del Estado chileno está muy lejos de llegar a constituirse en un monstruo de proporciones gigantescas, sino que parece que las políticas redistributivas tienen efectos positivos en los indicadores sociales, así como una adecuada justificación desde la teoría política que vale la pena considerar. Por lo demás, cabe recordar que la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2006 consagra la regla de balance estructural, lo que torna política y jurídicamente inviable un aumento desmedido del gasto público en nuestro país. En una sociedad moderna, el tamaño y rol del Estado debieran estar continuamente bajo cuestionamiento, a fin de verificar que ésta cumpla, estando adecuadamente dotado de los recursos para ello, los propósitos de justicia social y promoción del interés general que lo justifican.

[1] Hobbes, Thomas (1979), Leviatan, Madrid: Editora Nacional.

[2] Rawls, John (1995, 2ª ed.), Teoría de la Justicia, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

[3] No es correcto utilizar las cifras de gasto público del año 2009, dado que en el contexto de la crisis económica internacional los países realizaron un mayor gasto fiscal excepcional. En consecuencia, tomar este punto como final de la comparación distorsiona el verdadero análisis de la tendencia de gasto público de largo plazo.

[4] Navarro, Vicente, y otros (2006), “Politics and Health Outcomes”, Lancet, Vol 368: 16.