Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

A propósito de la venta de bases de datos por el Servicio Electoral (SERVEL), creo conveniente hacer ciertas acotaciones de interés ciudadano:

1. La ley orgánica del SERVEL señala únicamente que los libros llamados Registros Electorales son públicos (Art. 25), en consecuencia, las bases de datos que el Servicio Electoral construya con los datos personales contenidos en dichos Registros no tiene tal carácter, y le son aplicables las normas constitucionales sobre protección de la vida privada y las legales de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.

2. Por ende, si el SERVEL quiere generar productos y servicios utilizando la información contenida en los Registros Electorales, debe solicitar la autorización expresa de los ciudadanos, de la que evidentemente carece.

El hecho de que sean públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado no significa ni puede significar la abrogación de los derechos fundamentales de las personas, como el ya señalado de protección de la vida privada.

En ese sentido debe destacarse que los datos pertenecen a las personas y no al Estado, y estos han sido entregados con la exclusiva finalidad de hacer efectivo el derecho a voto, y no para que el SERVEL se constituya en factor de comercio.

3.  En la práctica el SERVEL desarrolla una actividad económica que le ha constituido en actor relevante del mercado de datos personales. Tal posibilidad no está contemplada en su ley orgánica, y como los órganos del  Estado sólo pueden hacer lo que una ley les autorice (de quórum calificado en este caso), forzoso es concluir que se trata de una actividad ilegal tolerada por la Administración del Estado.