Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

El poético dicho ?poderoso caballero es don Dinero? viene al paradojal recuerdo en estos días, cuando el costo de la vida en Chile puede enfermar a cualquiera de sus ciudadanos, más allá de las consecuencias que la crisis financiera internacional pueda tener en nuestro país, sino también debido a malas prácticas en la venta de medicamentos.

La ciencia al servicio del bienestar del cuerpo humano destaca dramáticamente su calidad inhumana al comprobarse en un reporte del servicio noticioso BBC Mundo cómo la justicia chilena está investigando a las tres cadenas de farmacias más importantes del país por supuestamente haber concertado un alza de los precios que iría desde el 20% hasta el 300%, de los medicamentos entre los cuáles habría algunos para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la epilepsia.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó en diciembre de 2008 un requerimiento contra las tres cadenas por colusión. Y esto debido a que Farmacias Ahumadas (FASA) admitió que entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 acordó aumentar los valores de más de 200 medicamentos junto con las dos otras grandes cadenas de Chile, Salcobrand y Cruz Verde, así como con representantes de algunos laboratorios farmacéuticos. Aunque representantes de Salcobrand y Cruz Verde refutaron los hechos y aseguraron que las alegaciones de FASA son una "infamia", la revelación de la existencia de un cartel integrado por las tres empresas que manejan más del 90% del mercado farmacéutico chileno desató indignación entre la clase política y el sector sanitario del país y ya hay consumidores que demandaron judicialmente a dichas cadenas farmacéuticas, exigiendo multas para las farmacias e indemnizaciones para el público.

Según le explicó a BBC Mundo Javier Velozo, abogado del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un órgano independiente del Ejecutivo que está encargado de juzgar el caso: ? Las multas máximas que contempla la ley para el delito de colusión, que son los ilícitos más graves en materia de derecho de la competencia, pueden llegar hasta US$16 millones para cada una de las empresas acusadas. Las compañías se enfrentan también, en el caso de ser halladas culpables, a sanciones de otro tipo. Por ejemplo, el tribunal puede ordenar la disolución de estas sociedades, es decir, la desaparición de las firmas".

La cadena FASA llegó a un acuerdo de conciliación con la Fiscalía Nacional Económica en el que se compromete a colaborar en la investigación que lleva a cabo la FNE y a pagar US$1 millón "a beneficio social en señal de su sólido compromiso con su entorno social". Este entendimiento aún debe ser ratificado por el TDLC. "En Europa y Estados Unidos existe la figura de la delación compensada. Aquel que primero se acerca a la autoridad para delatar a un cartel es beneficiado con un premio, que consiste en la eximición total o parcial de la multa. Al no existir este mecanismo en Chile, FASA y la fiscalía han intentado un acuerdo que replique en los hechos este tipo de figura", explicó Javier Velozo.

El abogado explicó además que es posible que las multas asciendan a varios millones de dólares, pero también que los consumidores estafados, actuando coordinadamente, exijan indemnizaciones multimillonarias, pues la mayoría de los medicamentos que sufrieron un alza de precios?son medicamentos que no tienen muchos sustitutos en el sentido de la acción terapéutica. Por lo tanto, de cierta manera las personas están obligadas a comprarlos. Además, se trata de medicamentos para tratar enfermedades crónicas, es decir de los que la gente depende".

Según Javier Velozo, las tres cadenas farmacéuticas decidieron actuar juntas pues "el acuerdo habría sido suscrito con el objeto de poner fin a una guerra de precios en la que las tres empresas estaban embarcadas hacía bastante tiempo y que había llevado a que muchos medicamentos se vendieran a bajo costo. La colaboración tendría por objeto resarcirse de las pérdidas que habían tenido debido a esta competencia entre ellas".

Ahora bien, que los enfermos chilenos, en su calidad de clientes, tengan justa indignación por estos abusos de poder en la ventas de las farmacias, no lo dicen sólo en Chile. También dan razones desde fuera de nuestras fronteras. Un artículo de la revista British Medical Journal dedicado a analizar el secretismo en la evaluación de nuevas medicinas, destaca que el "problema de imagen" de la industria farmacéutica puede atribuirse a haber priorizado sus intereses frente a los de los pacientes, a que los diseños de los ensayos no se dirigen a saber si un nuevo producto es mejor que los ya existentes, o a la "promoción engañosa" de nuevos fármacos.

Esto es lo que señalan dos expertos en materia farmacéutica, Mario Negri, director del Instituto de Investigación Farmacológica de Milán (Italia), y Iain Chalmers, fundador de la Colaboración Cochrane y responsable de la Biblioteca James Lind de Oxford (Reino Unido): Los pacientes y la sanidad pública reciben un "pobre pago" por proporcionar a la industria farmacéutica "la mayor parte del soporte necesario para desarrollar y evaluar nuevos medicamentos" en Europa. Por ello, los Gobiernos deben abordar cambios profundos en la forma en que los nuevos fármacos son evaluados para acabar con el "secretismo" que rodea a la experimentación de productos farmacéuticos.

Dichos autores reconocen que la industria corre con la mayoría de los gastos de desarrollar un fármaco, pero destacan que no sería posible conseguir nuevos medicamentos sin la infraestructura académica que sostiene la investigación básica. Además, mediante el pago de la factura farmacéutica y los impuestos, el sector público "compensa a la industria por sus costes en una situación en la que no existe un verdadero mercado".

En este contexto, estiman que las actuaciones de la Agencia Europea de Medicamentos ( European Medicines Agency EMEA), sobre todo a la hora de evaluar los nuevos medicamentos, están rodeadas de "secretismo", y que sus decisiones "no pueden ser analizadas por terceros". También critican que cuando se aprueba un nuevo fármaco de forma no unánime, los votos particulares no se hacen públicos. Negri y Chalmers entienden que los gobiernos europeos deben tomar medidas, y proponen cuatro líneas de actuación. En primer lugar, hay que asegurarse de que los intereses de los pacientes, como conocer los efectos a largo plazo de los fármacos, están representados en las prioridades de investigación. Esto "supone un reto considerable, porque muchas asociaciones de pacientes están financiadas por la industria".

El segundo paso debe ser, a su juicio, garantizar por ley la "transparencia" del proceso de evaluación de los fármacos, para no depender de la decisión voluntaria de los laboratorios de publicar sus resultados. "Toda la confidencialidad que rodea la investigación clínica debe ser erradicada", agregan. Además, reclaman evaluaciones independientes de los nuevos productos, y elogian en este punto las políticas puestas en marcha por España e Italia para que los laboratorios contribuyan a los gastos de investigación. La última de las propuestas de los expertos es que, antes de aprobar un fármaco, se demuestre fehacientemente que supone un "avance real" respecto a los ya autorizados. A cambio, sugieren que las autoridades podrían ampliar el plazo de las patentes farmacéuticas.

Puede usted obtener más información en

European Medicines Agency http://www.emea.europa.eu/

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia http://www.tdlc.cl/

Fiscalía Nacional Económica http://www.fne.cl/