Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Un provecto campesino de una región nortina, tiene como único medio de subsistencia una hectárea, hectárea donde cosecha lechugas y algunas otras hortalizas. Un buen día -de tanto en tanto proyecto empresarial sobre la energía y la purificación de las aguas que han visto en nuestro país la gallina de los huevos de oro-, se sitúa cerca de su terruño feraz una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), que tiene como proceso de saneamiento de las mismas uno terciario (o sea, a base de químicos). Conama da el visto bueno y la PTAS se instala y funciona de forma normal hasta que de un día para otro las lechugas del campesino no sólo no germinan, sino que están muertas, así como lo ubérrimo de su tierra. ¿La razón? Los químicos vertidos al río de donde el hombre de tierra extraía el agua para asperjar sus sembradíos.

Idealmente, este campesino es una víctima de un daño y reuniéndose los otros requisitos que la doctrina y jurisprudencia reconocen al efecto, tiene derecho a las reparaciones correspondientes (in naturaleza o in equivalente, según sea el caso y sin perjuicio de la procedencia de ambas conjuntamente).

Dentro de los requisitos antes mencionados está la relación causa y efecto, esto es, que los químicos vertidos al río fueron el hecho productor del perjuicio resarcible, mas, ¿será justo que nuestro campesino que -con todo respeto-, con suerte cursó uno o dos niveles de la enseñanza básica antes de que el padre lo obligare a trabajar, deba probar tecnicismos que exigen un grado de conocimiento que, naturalmente, no está en posición de procurarse? ¿Aplicaremos a secas el art. 1.698 del Código Civil, sin procurar ser cautelosos y tener presente que la desigualdad en los conocimientos técnicos en el particular es flagrante, y que es mucho más fácil que la empresa desvirtúe las alegaciones hechas por el campesino a que éste las pruebe?

Situaciones como la anterior, sobre todo en materia ambiental, se suscitan día a día con familias que son perjudicadas por daños complejos, fusionados a veces con otros daños de forma casi inseparable y donde la carga de la causalidad es manifiestamente excesiva, dados los conocimientos técnicos que ello requiere, conocimientos que, por el contrario, presumiblemente están en poder de la empresa presuntamente dañadora, dada su calidad de profesional y técnico al efecto, gozando en el particular del monopolio de la información preferente y privilegiada en relación a su supuesto hecho.

En general, situar el peso o carga de la prueba- no la obligación; no hay obligación de probar- en quien invoca un hecho que rompe la normalidad, se entiende en un sistema de búsqueda de la verdad imbuido de ideas racionalistas, sobre todo en el ámbito francés, donde se abogó porque el juez tuviera una incidencia muy reducida en el juzgamiento.

Conviene detenernos en esto último para no perder el contexto. En la época de la codificación –y en relación con la predictibilidad exacta que las ciencias exactas supusieron en esa época y la sensación de un hombre que podía dominar toda área del saber-, se propendió a que la norma abstracta fuera casi perfecta, bastándose a sí misma para solucionar todos los posibles problemas que se suscitarían al hombre en sus relaciones jurídicas, dejando al juez y su prudencia un lugar residual en el proceso de descubrimiento de la verdad (basta ver el lugar de la equidad como norma de hermenéutica en el C.C. o el valor casi matemático que se pretendió dar a ciertos medios de prueba con aquello de “plena prueba “o “prueba semiplena” –sobre todo en materia testimonial-).

Lo anterior ha evolucionado, pero, eso sí, no sólo desde el punto de vista del rol que le cabe al juez en el proceso para buscar la verdad, sino también el concepto de la litis y del rol de las partes en ésta. No cabe duda que la labor del juez como órgano jurisdicción que es, se ha vigorizado mucho en las últimas décadas, dejando atrás las ideas revolucionarias al efecto y dotando a la magistratura de muchas más funciones prudenciales, sobre todo en el ámbito probatorio (basta ver la expansión de la sana crítica como modelo de apreciación de la prueba, adoptada parcialmente por nuestro actual CPC, recientemente por nuestro C. Procesal Penal y, en un futuro no lejano, en el C. Procesal Civil), pero también se ha evolucionado en el prisma con que se observa la litis, ya no como una batalla jurídica-procesal entre las partes, sino como un mecanismo para buscar la verdad (y una verdad de calidad) y también el rol de las mismas partes, ya no entendidas en un ostracismo frente a la pretensión del otro, sino como cooperadoras para hallar la verdad, aportando toda la información que de ella depende.

Por lo anterior, el dinamismo probatorio tiende a eliminar el carácter estático que hoy tiene la actividad probatoria y que nos lleva a una calidad de verdad bajísima; el dinamismo probatorio tiende a situar la carga de probar en quien naturalmente está en posición de hacerlo, evitando una determinación rígida y casi matemática del problema, con el reduccionismo que ello implica. En virtud del dinamismo probatorio, todos prueban, pero cada uno lo hace en la medida que sus conocimientos e información lo permiten, recayendo la carga en quien está en un lugar preponderante con dicha información.

No es más que, en buenas cuentas, buena fe procesal.

Así, nuestro pobre campesino, naturalmente, no debe probar con un grado de precisión máxima los tecnicismos propios del hecho dañoso, bastará que los invoque y, en virtud del dinamismo, la carga de aporta los antecedentes contrarios recaerá, lógico, en quien está en mejor posición de desvirtuar el hecho, o sea el ente con conocimientos técnicos y profesionales: la empresa.

Lo anterior ya no es una simple teoría en nuestros días, sino que busca, por fin, su consagración legislativa. El anteproyecto del Código Procesal Civil es claro al efecto cuando dispone en su art. 14 (titulado “Carga de la prueba y proscripción de la absolución de la instancia”) lo siguiente:

“Corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la partes cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios especiales diferentes la carga de probar los hechos relevantes entre las partes.

El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio, lo cual deberá comunicar a la partes con la debida antelación para que ella asuma las consecuencias que le pueda generar la omisión de información de antecedentes probatorios o de rendición de la prueba en la audiencia de juicio que disponga en su poder”.

Veremos qué pasa.

Pd: Relacionado con materia ambiental y causalidad (y carga probatoria) ver causa rol 557-2006, C.A. de Copiapó. De paso, revisar a Enrique Barros Bourie, Tratado de responsabilidad extracontractual, apartado causalidad (y también lo relativo al daño ambiental).