A partir 1993 comenzó un debate el cual ha sido olvidado casi por completo: la posibilidad de modificar el carácter obligatorio del Servicio Militar Nacional. A casi cien años desde su promulgación, sumando a ello los excesos cometidos por el Gobierno Militar, en la ciudadanía se generó un rechazo tanto a las instituciones armadas como a la idea de formar parte de ellas.
En relación a la longevidad detrás de la ley las críticas eran comprensibles: si bien Chile tenía una larga tradición militar, no se había visto envuelto en conflictos armados internacionales durante un prolongado tiempo. Existen hoy en día instituciones internacionales que velaban por la paz y el dialogo es el método de solucción utilizado, como sucedió en 1978 con el conflicto de Beagle.
Sin embargo, la iniciativa presidencial de aumentar el presupuesto en la compra de armas, presentada el 16 de mayo de 2011, es el mejor testimonio de que existe una inconsecuencia entre la realidad y los gastos de un carácter bélicos, inconsecuencia que se mantiene vigente detrás de los argumentos que aquellos fondos en su mayoría son destinados a la formación de soldados profesionales, práctica necesaria para defender la soberanía nacional, aun cuando esto sea posible en desmedro de los jóvenes chilenos que año a año se ven en la obligación de cumplir con el llamado anual, el cual si bien se ha logrado ir posponiendo gracias a la continuación de los estudios y a las posibilidades de acceso a la educación superior, la obligatoriedad del servicio militar en Chile hoy en día no es más que una pantalla que permite justificar así el gasto e inversión el presupuesto estatal destina a las Fuerzas Armadas.
Basta una breve mirada a la historia Chile para reconocer que el ejercicio militar es un elemento que se ha desarrollado conjuntamente con el desarrollo de la vida política, institucional e, incluso, en la misma evolución de la idiosincrasia chilena.
Ley 1.362
Establecido en el artículo 22 de la Constitución de Política de la República se expone que los todos los chilenos, entendidos por chilenos aquellos que cumplen los requisitos establecidos en el mismo reglamento constitucional en su artículo 10 (Constitución Política de La Republica, 2011, pp.12), tienen el deber de defender la soberanía del país y contribuir a la preservación de la seguridad nacional. Frente a este enunciado normativo, no cabe duda alguna de que el Servicio Militar tiene una clara importancia en el deber cívico, sin embargo, esta “defensa de la Soberanía” ha perdido su vigencia en el contexto actual del país, donde el peligro de un conflicto armado con países vecinos o posibles intentos de derrocamiento del Estado, son hechos casi inimaginables. Los conflictos territoriales hoy en días tienen solución en los tribunales internacionales, como es el caso de de la Corte Internacional de La Haya.
La Ley 1.362 (Servicio militar Obligatorio) ha ido evolucionando con los años, adaptándose al contexto histórico del país intentando mantener así su validez, llegando hasta nuestros días en los cuales la obligatoriedad del servicio militar actúa en desmedro de un importante número chilenos, específicamente, los jóvenes entre 18 y 24 años que no cuentan con un certificado médico o no pueden continuar sus estudios. Siendo la otra cara de la moneda frente a este carácter obligatorio, las enormes sumas de recursos que anualmente el Estado destina a las Fuerzas Armadas.
Si bien a partir de 1900, con la primera Ley Especial de Reclutas y Reemplazos en el Ejército y la Armada (Ley 1.362) se estableció la modalidad de servicio militar obligatorio, avalada constitucionalmente, la presencia de milicias vecinales en los primeros años de la independencia y los “cívicos”, iniciativa impulsado por Portales años después, marcan un antecedente a esta, en donde el carácter voluntario de estos cuerpos vecinales organizados, es desplazado por uno obligatorio, que sin embargo, a lo largo de los años y, aun a los evidentes cambios socioculturales de ha experimentado el país, se ha mantenido.
La ley de 1900 introdujo la conscripción obligatoria para los chilenos de
En el año 1925 el Decreto Ley No. 678 aumentó la duración del servicio a 18 meses, restringiéndose radicalmente el número de personas que podían eximirse de la conscripción. En 1978 con el Decreto Ley Nº 2.306 (Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas), la duración del servicio militar fue elevado a dos años.
A partir de la década del cuarenta, la conscripción adquirió nueva perspectiva, comenzando con la instrucción laboral de los conscriptos. En el inicio fuertemente motivada por el ejemplo alemán, comenzaron a considerar a las Fuerzas Armadas como instituciones capaces de contribuir al crecimiento económico del país, haciendo a los jóvenes conscriptos partícipes en el desarrollo material de la sociedad, quedando esto establecido en el Decreto de Ley Nº 11.170 de 1953 la cooperación de las Fuerzas Armadas con los programas civiles de obras públicas.
El sistema actual está regido por el Decreto Ley Nº 2.306 (Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas). La normativa legal señala que todos los chilenos de ambos sexos, de
Del total de la clase de cada año, unas 100.000 personas, un promedio del 33%, se excluye por razones médicas, sean éstas fidedignas o no, y solamente el 23% de esta clase (o un 20% de la base de inscripción) es efectivamente reclutado. Aproximadamente un 13% es remiso y no se presenta a los cuarteles. Aunque no hay datos sobre aquellos jóvenes que simplemente no se inscriben en los cantones militares, se puede adelantar que el número de personas que se sustraen a la norma es sumamente elevado.
El financiamiento detrás del Servicio Militar obligatorio
Las fuerzas armadas en Chile tienen dos fuentes de financiamiento: el aporte fiscal incluido en la ley de presupuesto y los recursos que provienen de una ley que grava las exportaciones de cobre y sus subproductos que realiza la Corporación del Cobre (Codelco) y que es conocida como la ley del cobre. Estas dos fuentes representan, dependiendo de la institución, entre el 85% y el 95% del total de recursos financieros recibidos por las fuerzas armadas. El resto, esencialmente, proviene de la venta de bienes y servicios a personal militar y al resto de la comunidad; de un Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA), de un Fondo de Construcciones; de ventas de activos y, de intereses recibidos en el mercado de capitales por excedentes de caja en algunas partidas presupuestarias.
Mientras que los fondos aportados por el fisco cada año a financiar los sueldos, bienes de consumo y servicios necesarios para mantener las fuerzas en un determinado estado de alistamiento son aprobado por el Congreso en el proceso de discusión anual del presupuesto del sector público, la Ley del cobre puede dedicarse, solamente, a la adquisición de sistemas de armas e insumos asociados. Los recursos que entrega el impuesto a las ventas de Codelco al exterior, a diferencia de los anteriores, van automáticamente a las fuerzas armadas, no requiriendo la sanción del Congreso y se registra en una contabilidad paralela, reservada, que no es consolidada con el resto de la información financiera del Estado.
En lo referente a los ingresos que se destinan para el Servicio Militar Obligatorio, según la dirección de finanzas del ejercito la estructura presupuestaria del SMO en Chile, provee de una gran parte del personal en ejercicio, a costos sustantivamente más bajos que los que incurre la institución con su personal de planta. Esto quiere decir que los sueldos de oficiales y sub oficiales corresponden a un 75% de los recursos totales del Ejército, en el Servicio Militar Obligatorio se da la situación diametralmente opuesta, pagándose en sueldos apenas un 32% del total de los recursos destinados a este fin. Así, según datos oficiales, un soldado profesional cuesta al país poco más del doble de lo que se gasta en un soldado del Servicio Militar Obligatorio. Las ventajas de un soldado profesional están determinadas por varios aspectos mucho más sustantivos que, en el largo plazo, pueden significar importantes beneficios: El costo de entrenamiento se reduce, invirtiendo sólo en preparación teórica; las pérdidas materiales de un soldado profesional son menores a las de un soldado que cursa su Servicio Militar Obligatorio; los soldados profesionales al ser voluntarios, cuentan con una remuneración; al ser voluntario, se reduce el costo social; al reducir el tamaño de la planta y entrenar a los existentes en el uso de las nuevas tecnologías que requieren de menor personal pero mejor entrenado; finalmente, el personal se puede entrenar en función de objetivos de largo plazo, como misiones de operaciones de paz o ayuda humanitaria.
De este modo, mientras continué siendo obligatorio, el costo que la conscripción tiene en la repartición de los elevados recursos provenientes de la Ley del Cobre y el presupuesto fiscal, serán mínimos, destinando el resto a los soldados profesionales, permanentes y voluntarios. De este modo mientras los jóvenes chilenos están en presencia de una Ley que ha perdido toda validez en cuanto a los principios de una inminente invasión o transgresión de la soberanía motivos entendibles hace un siglo atrás o por el temor producto a las crisis fronterizas de 1901, 1958, 1974 y 1978, pero completamente ilógico en el contexto actual nacional.
Con el nuevo proyecto de ley del sistema de financiación de las Fuerzas Armadas que sustituirá la llamada Ley del Cobre, presentado el 16 de mayo del presente año, se busca establecer un nuevo sistema de financiación que incluirá un programa elaborado con un plazo de doce años y un presupuesto plurianual que será aprobado por el Parlamento.
¿Será con esto necesario mantener la obligatoriedad del Servicio Militar?
A partir de esta interrogante una serie de debates se han originado alrededor de este tema; los motivos que impulsaron la promulgación de la Ley
Las continuas reformas iniciadas a partir de 1996 han permitido que el Servicio Militar vaya flexibilizándose y, progresivamente, aumentando los mecanismos de evadir el llamado, encontrándonos así con cifras que, de la mano con los índices de ingreso a la educación superior, han disminuido el quórum anual. Sin duda la validez detrás de esta Ley, en cuanto a su obligatoriedad, ha desaparecido, sin embargo esta continúa vigente.
Producto de las denuncias realizadas a los Tribunales de Justicia, desde 1990, el panorama en cuanto a la realidad que los jóvenes se ven forzados a soportar ha dejado de ser un secreto. En lo general, contra su voluntad deben posponer sus proyectos o expectativas si no logran excusarse del llamado y si bien, gracias a las reformas realizadas al Decreto Ley No. 2.306 sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas del año 1980, iniciando con la de 1996 con la aparición del Sistema del Doble Llamado y las medidas de flexibilización del como la reducción y readecuación de los períodos, cursos especiales, compensaciones e incentivos como mayores facilidades de traslado, y capacitación laboral. Siendo estas medidas intentos de solucionar las denuncias presentadas.
El motivo detrás de la vigencia del Servicio Militar no tiene relación con la tradición militar del país o de Defensa de la Soberanía, sino que guarda relación al significativo ahorro de recursos que significa para las Fuerzas Armadas continuar impartiendo un acondicionamiento físico para los cadetes del Servicio Militar Obligatorio, el cual es claramente más económico que uno de un soldado profesional. He ahí el motivo por el cual miles de jóvenes deben continuar haciendo trámites y soportando las molestias de una ley arcaica que se niega a cambiar.
Emilia Olivares Cofré
Estudiante de Derecho
Taller de Derecho y Tecnologías
Universidad de Valparaíso
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Sí, sería excelente entregar el territorio
Sí, sería excelente entregar el territorio, la patria, las propiedades a los peruanos, bolivianos, argentinos, también a la Internacional Socialista y a cualquier extranjero.
Saludos
Saber diferenciar entre Servicio Militar y servicio militar obligatorio
Más allá del sarcasmo y la evidente falta de comprensión, el eje central del artículo no consiste en una crítica a las politicas de defensa y soberanía territorial, es más, mi opinión sobre el tema nunca fue mencionado.
El artículo trata sobre la falta de validez de la Ley 1.362 hoy en día y cómo la falta de una fiscalización y transparencia en la utilización de los ingresos provenientes de la Ley de Cobre dan como resultado que esos recursos no sean utilizados en la preparación de los soldados que cumplen el servicio militar obligatorio, sino en los sueldos de oficiales y suboficiales.
Y respecto al "Internacional Socialista", dudo que sea una acepción adecuada para definir a los países vecinos o a cualquier país hoy en día, después de todo la Segunda Guerra Mundial fue hace ya mucho tiempo.