Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Por Pablo Mendez Ortiz
Investigador Asociado CEIN
Universidad de Valparaiso

Uno de los principales dilemas que ha debido enfrentar la teoría constitucional durante el último tiempo es el de la “dificultad contramayoritaria”. En pocas palabras, la dificultad contramayoritaria es el problema consistente en cómo una sociedad democrática puede autorizar a los jueces (que no son electos democráticamente y que, por tanto, no responden ante la ciudadanía del contenido de sus actos) para invalidar ciertos cursos de acción política desarrollados por los legisladores (que sí lo son). Por supuesto, la existencia de una dificultad entre ambos descansa en la idea de que las legislaturas reflejan la voluntad de las mayorías electorales. Si se asume la idea de que los legisladores son los representantes de la voz del pueblo, entonces parece claro que hay un problema cada vez que nuestro Tribunal Constitucional se ocupa de las cuestiones constitucionales y resuelve tales cuestiones con la autoridad de poder emitir “la última palabra”.

La filosofía política y la filosofía del Derecho han conocido múltiples intentos para disipar o resolver esta dificultad, algunos más exitosos que otros. Incluso en nuestro país se han ofrecido argumentos en pro o en contra de la justicia constitucional que de cierta manera se hacen cargo de este problema. No obstante ello, en Chile hasta el día de hoy se ha ignorado la potencial relevancia que puede jugar la ignorancia política de los votantes en la idea de la dificultad contramayoritaria y la revisión judicial. Y es que, en verdad, gran parte de la idea de que los legisladores representan la voz del pueblo descansa en el supuesto de que los ciudadanos cuentan con un acervo político suficiente para controlar la forma en que sus representantes desarrollan sus funciones.

Las líneas que siguen, por tanto, deben ser consideradas como un intento de introducir en aquel debate las implicancias que puede acarrear, en un sistema constitucional como el nuestro, el reconocimiento de que quienes conforman “el pueblo” –esto es, los propios votantes— adolecen de ignorancia o falta de conocimientos en materia política que impiden, ya sea ejercer su derecho a voto correctamente, ya sea controlar a sus propios representantes.

El plan de las líneas que siguen es el siguiente. En primer lugar, se analizará el fenómeno de la ignorancia política, el que a su vez depende en gran medida de la racionalidad que hay detrás de la decisión de no participar en el proceso democrático. Luego, se determinará la forma en que esa ignorancia mitiga el impacto contramayoritario de nuestro Tribunal Constitucional en el sentido de que, en la medida de que existan altos niveles de ignorancia política por parte del ciudadano promedio, la idea de que la ley es efectivamente la voz del pueblo se ve disminuida considerablemente. Por último, se finalizará con algunas apreciaciones sobre el tema. 

La racionalidad detrás de la ignorancia política

Un votante determinado no tiene virtualmente ninguna posibilidad de influenciar el resultado de una elección política masiva. Muy por el contrario, hoy en día la participación electoral envuelve inevitablemente una paradoja: si para un ciudadano el votar es costoso y no acarrea ningún beneficio directo, entonces votar no puede ser una decisión óptima para muchos votantes al mismo tiempo. De ahí entonces que el incentivo para adquirir información de carácter políticamente relevante no sea muy alto, como quiera que los únicos motivos para hacerlo son: (1) emitir un “mejor” voto, es decir, un voto más informado o (2) formarse una opinión con la finalidad de influir en las políticas llevadas a cabo por el gobierno durante un periodo entre elecciones.

En efecto, desde una perspectiva teórica-racional, hay varios factores comprometidos en la decisión de votar. Hay costos directos, como el tener que levantarse temprano un día normal de descanso, el sacrificio que importa el traslado al lugar de votación o la espera en el mismo. También hay costos de oportunidad, como el no poder destinar ese tiempo a disfrutar de otro panorama, por ejemplo. Y está el beneficio directo que representa para el votante el acto mismo de votar (i.e., la satisfacción que importan el cumplimiento de un deber moral), entre otros elementos.

Todo esto bien podría ser resumido en la siguiente ecuación:

U = pB + (C – D)

Donde “U” es la utilidad derivada de la participación en un proceso eleccionario; mientras que “p” es la probabilidad de que el voto del ciudadano sea decisivo; “B”, el beneficio obtenido en caso de que el candidato preferido gane la elección; “C”, el costo en que debe incurrir una persona para votar; y “D”, el beneficio directo que eventualmente puede obtener el votante al cumplir con su voto (por ejemplo, por cumplir con un deber cívico relevante para él). El problema es que en las elecciones modernas, donde el universo de votantes es bastante amplio, “p” resulta un número muy pequeño y “B”, por su parte, es casi inexistente, a menos que el votante tenga un interés actual y directo comprometido en el resultado de la elección. Por tanto, al ser “p” y “B” valores sin mucha relevancia, la decisión de votar probablemente se deberá al resultado obtenido entre [C-D]. En otros términos, en elecciones con muchos votantes lo racional sería que sólo aquellos para quienes el resultado de estos factores esté cerca de cero o negativo, votaren.

A raíz de la baja significación que produce un voto individualmente considerado, luego, se genera una bajísima retribución o beneficio producida por la adquisición de información política en el sentido de votar de manera informada. En síntesis, es irracional estar políticamente informado por cuanto los bajos beneficios de esa información no justifican su costo traducido en tiempo y en otros recursos. Por supuesto, esto no asegura la ignorancia de los ciudadanos, ni mucho menos que estos no incrementarán en el futuro su conocimiento sobre la política nacional. Lo único que representa es que hay un bajísimo incentivo para adquirir información política con el objetivo de ser utilizada en el proceso de elección. Así, es perfectamente posible que alguien se instruya políticamente, por ejemplo, porque encuentra interesante el tema (como quien desea informarse sobre deportes, automóviles, o cualquier otro tópico) o porque ese conocimiento puede ser encausado en ciertas formas de activismo político.

LEER MAS