Se observa en medios de comunicación que "celebridades" políticas, ciudadanos y organizaciones toman febril partido a favor o en contra del proyecto Hidroaysen, pero se encuentran pocas respuestas que expliquen las causas de la inseguridad energética que hoy sufrimos.
En dicho contexto, la prensa local, el Gobierno y algunos congresistas, con patriotería de asado de domingo por la tarde, han culpado a los transandinos de la crisis como si uno pudiera responsabilizar por el resfrío de un hijo al repartidor del gas que dejó de vendernos por escasez de stock. Aquí entregamos algunas luces del real problema que esconde el debate público y sus consecuencias más inmediatas.
¿Por qué nos irritamos cuando Argentina privilegia el consumo interno de gas? ¿Es de El origen de la crisis ha estado disponible por años frente a nuestras narices mientras los políticos sólo demuestran cohesión para culpar a nuestros vecinos, más patriotas que nosotros al privilegiar sus urgencias locales. Lo real es que aumentan las sequías, suben los precios y el consumo industrial y domiciliario de fuentes tradicionales de energía. No hay que poseer un postgrado en Harvard para resolver el puzzle: Luego de estudiar el aumento de la demanda, los impactos del cambio climático, las proyecciones demográficas, nuestro país debería invertir más en innovación tecnológica a fin de alcanzar la diversidad e independencia energética que necesitamos impostergablemente. La geotermia, por ejemplo, tiene un potencial eléctrico aproximado a 16.000 MW, monto superior a la capacidad instalada actualmente en el país. Además, un estudio de la Universidades de Chile y Federico Santa María concluyó que con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) hacia el 2025 nuestro país puede tener aproximadamente el 20% de su matriz energética. Esta crisis no ha sido asintomática: responde a un grave aletargamiento gubernamental y a predecibles incertidumbres respecto a nuestros proveedores foráneos. Frente a ella, ENDESA y Colbún nos ofrecen una receta -parche- para combatirla: Hidroaysen. Sus promotores anuncian que no hay otro medicamento disponible en el mercado para enfrentarla. ¿Y lo hay? ¿Quién tiene el financiamiento para la receta? ¿No es tarde para molestamos con dichas empresas? ¿Y no le cabe al Estado responsabilidad en esta urgente problemática? Ahora algunos rasgan vestiduras por Hidroaysen. Las ONG's ambientales, que se oponen al proyecto, copian la misma estrategia del caso Ralco -el cual igualmente se realizó- intentando pararlo. El argumento de defensa de la belleza escénica de Aysén es muy loable siempre que existan soluciones para la crisis. La palabra crisis en chino tiene una acepción que significa oportunidad. Es bueno aprender de dicha cultura milenaria: si el problema es la preservación de valores ambientales hay que discutir con mayor detención la propuesta con plazos razonables de participación social. Estamos de acuerdo. Pero si el objetivo es sólo oponerse sin acompañar una propuesta seria y concreta para mitigar la crisis energética, la lucha tendrá efecto nulo y no habremos entendido nada del ancestral sentido de la palabra crisis. La atención de la opinión pública en Chile no estará focalizada en los valores estéticos y de preservación mientras existan frecuentes cortes de suministro, no se reduzcan los costes de luz y agua o seamos incapaces de tener autosuficiencia energética. Seremos, entonces, el país que quiso ser tomado en serio pero nunca llegó a serlo. La promesa de futbolista, arquitecto o de programa estrella de transporte público. Las ONGs, salvo contadas excepciones, no han demostrado ahora nada de creatividad para promover normativas de eficiencia energética y fuentes renovables no convencionales. Igualmente no se les ocurrió negociar con ENDESA, Colbún y otros actores un acuerdo nacional para evitar la concentración de derechos de aprovechamiento de aguas. Una vía para resolver el conflicto era la creación de un fondo público/privado de derechos de aguas (Water Trust Fund) con aportes de los principales propietarios -ENDESA, Colbún y otros 2 o 3- para revertir el desequilibrio del acceso al recurso en zonas de mayor conflicto con usuarios tradicionales y demanda asociada, asegurando el abastecimiento en las regiones que sufrirán en pocos años con una monopólica concentración de las aguas.Esto era mucho más práctico, justo, eficiente y democrático que "nacionalizar", como sugieren algunos afiebrados congresistas. Esto es inviable y un retroceso a la palabra empeñada del país. Es más parecido a un berrinche de Hugo Chavez que a una razonada respuesta a un problema nacional. Es cierto que Hidroaysén ha recibido más de 3.000 observaciones durante el proceso de evaluación de impacto ambiental -que seguro enmendará- pero ello no significa que será rechazado finalmente por la CONAMA o tenga real utilidad pararlo, si no tenemos en la mano otra propuesta de desarrollo energético. Lo que sucede simplemente es que le saldrá más caro -en tiempo y recursos- a Colbún y ENDESA obtener la aprobación final del proyecto. Será una ganancia de corto plazo -si se quiere- para el movimiento "verde". Ojalá este retraso de aprobación de Hidroysén pueda ser aprovechado sensatamente para que expertos, empresarios y afectados trabajen en una plataforma de inversiones para ERNC, logrando que el Estado cree las bases de un programa energético serio y de desarrollo sustentable.
Por su lado, la DGA hace un papelón: por una parte intenta revertir ante la justicia sus errores del pasado mediante una ofensiva para detener el monopolio de los derechos de aprovechamiento, cuando fue el mismo organismo la responsable de permitir que el 70% de los derechos no consuntivos se concentren en el patrimonio de 3 o 4 empresas sin haber implementado mecanismos correctivos en la asignación del recurso, todo lo que le ha facultado -conforme a la ley-, a ENDESA, Colbún, y otros privados, controlar el mercado de aguas. Podrá no entregar más derechos para el futuro pero contra la teoría jurídica de los "derechos adquiridos de buena fe" no hay estrategias y transpiración de los abogados de la DGA que les sirva ante nuestra Corte Suprema. Como parte de la prevención del problema, bastaba que la DGA fiscalizara hace 10 años atrás el cobro por ley de una patente de tasa razonable a todos los solicitantes de derechos de aguas para evitar la concentración del recurso. Pero tardíamente el Gobierno y el Congreso, negociaron mal y se aprobó una reforma con "chanfle" al Código de Aguas (Ley N° 20.017, junio 2005) que instauró dicho cobro por no uso a partir del 1 de enero de 2006 en todo el país, salvo
-qué ironía- en la provincia de Palena (X región) y las regiones XI y XII, esto es Aysén y Magallanes, donde fue estipulado que regirá en 7 años más, lo que favorecerá a las empresas hidroeléctricas que proyectan comenzar sus proyectos
en ese plazo, es decir, a partir de Enero del 2012. ¿Y podemos ahora creer sensatos los balbuceos legales de la DGA? Y los congresitas que ahora promueven la nacionalización:¿Qué dijeron o hicieron cuando se aprobó la ley que favorece a las hidroeléctricas? ¿No asistió Girardi -promotor de la nacionalización- a la discusión de dicha ley? Por otra parte, los empresarios regionales que se oponen a Hidroaysen han sido incapaces de explicar al país de qué forma sus actividades (ganadería, acuicultura y salmonicultura, etc.) representan de mejor forma la vocación regional de Aysen y han contribuido a preservar sus condiciones naturales y socioculturales. Por el contrario, parece ser que sus actividades tampoco no han podido contribuir a resolver la actual situación de pobreza, abandono y aislamiento de dicha región austral. ¿Y cuáles son los empresarios australes que generan energía eólica o solar en Aysén como alternativa al proyecto? Asimismo, celebridades extranjeras -que resisten el mismo proyecto- como Robert Kennedy Jr., Julia Roberts y John McEnroe no han explicado cómo su presencia en una campaña ambiental en contra de HIdroaysén contribuye a canalizar inversión privada para una apuesta energética para Por otro lado, organizaciones estadounidenses que defienden los ríos Baker y Pascua en vez de promover financiamiento para una politica energética y de desarrollo para Aysén prefieren el facilismo del boicot al Grupo Matte en USA para presionar a importadores -Home Depot- para que dejen de comprar insumos forestales, lo cual no resuelve el problema. No entendieron tampoco el significado de la palabra crisis. Matte a través de Colbún es socio minoritario de Hidroaysen, y quienes toman las decisiones son los controladores finales de ENDESA -Acciona (España) y Enel (Italia)- no sujetos de presiones ante los consumidores norteamericanos, quienes tienen una mayor cuota de responsabilidad global por su excesivo consumo energético y contribución al incremento de los gases efecto invernadero. Si quieren hacer algo concreto que presionen a empresas norteamericanas para invertir en Chile en ERNC y para que Obama firme de una vez el Protocolo de Kyoto. Por ello, cabe preguntarse: ¿Han sido estas acciones, iniciativas, estrategias y normativas las más eficientes y justas para enfrentar el asunto energético de fondo? Cada cual podrá formarse su opinión. A mi juicio, lo expresado demuestra que la pasión y recursos de todos los actores del conflicto involucrados se han destinado a criticar la cáscara de un proyecto específico, que se realizará igualmente -anticipo- en vez de trabajar en una alianza de largo aliento para lograr el objetivo más urgente y menos evidente: diversificar la matriz energética y crear marcos legales, institucionales e incentivos para el desarrollo de energías renovables no convencionales. Así salvamos la Patagonia y somos autosuficientes. Si se quiere ser realmente patriota, no le pidamos a los extranjeros que hablen y luchen por nuestras causas, dejemos la dependencia energética de nuestros vecinos y protejamos el dominio y gestión de cuencas de las aguas de forma inteligente y con racionalidad. Por el momento, Hidroaysen será otro megaconflicto ambiental mediatizado respecto del cual todos rechazarán o defenderán a ultranza, pero que olvidaremos su trasfondo luego del próximo Festival ¿qué debemos hacer para dejar la desidia y miopía para enfrentar estos ineludibles desafíos nacionales?
Suscríbase a RSS
El papel de la Dirección General de Aguas
Vale traer a colación que reiterada jurisprudencia judicial y administrativa señaló que constatada la disponibilidad fáctica y jurídica del recurso hídricola Administración
estaba obligada a otorgar el derecho de aprovechamiento de aguas.
De ese modola Dirección General
Perola DGA también ha jugado un
papel activo e innovador en la conservación del recurso hídrico. Por
ejemplo, a partir de la
Ley N º 19.300, en base a los Planes de Manejo que establece
esta ley en sus artículos 41 y 42, aceptó la noción del caudal
ecológico o mínimo, adelantándose en cerca de 10 años al legislador
(modificación al Código de Aguas de 2005) La DGA en el año 1995 en una publicación titulada “Bases
para la formulación de un manual de normas y procedimientos para la
administración de recursos hídricos”, que se refiere a caudales ecológicos y
demanda ambiental, publicado en Revista de Derecho de Aguas de ese mismo año
(volumen 6, página 189), definió el caudal ecológico diciendo que es
el “Caudal mínimo que debieran tener los ríos para mantener los
ecosistemas presentes, preservando la calidad ecológica”. Este es el
documento que sirvió a la Dirección General de Aguas de soporte técnico-
administrativo en este tema.
Asíla DGA a través de resoluciones constitutivas de
derechos de aprovechamiento de aguas, fijó caudales mínimos o ecológicos, en
cláusulas, por ejemplo, del siguiente tenor:“La titular del derecho de
aprovechamiento deberá dejar pasar aguas a bajo del punto de captación un
caudal de xx metros cúbicos por segundo, necesarios para preservar el
equilibrio ecológico”.
En virtud del caudal mínimo o ecológico los titulares están habilitados para ejercer sus derechos en la medida que, al momento del ejercicio, aguas abajo de los puntos de captación de las aguas, escurra al menos un caudal equivalente a los metros cúbicos por segundo fijados en la resolución; por lo que si en algunas épocas del año, y especialmente en períodos de escasez, por efecto del uso intensivo de las aguas por otros titulares de derechos, no escurre en el punto de captación autorizado esa cantidad de agua, de ello se deriva que respecto de los derechos así constituidos, con una tal fijación de caudal mínimo o ecológico, no es posible su ejercicio.