Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Una primera apreciación del tema, casi inercialmente, nos lleva a atribuirle una carga negativa a lo que son las campañas políticas. Primero, por sus aportes estéticos al paisaje urbano: muros sucios, cables atiborrados de cartones, papeles repartidos por doquier, entre otros tantos. Segundo, gran parte de esa animadversión responde al desencanto de muchos hacia la clase política y la manera de hacer política. A lo que la política representa. En base a esta premisa, parece interesante analizar cual es la apreciación de nuestra Corte Suprema con respecto al particular al tenor de las leyes Nº 18.700 y Nº 19.884 que regulan la materia.

Como leía en una entrada de Rodrigo Tapia, resulta no menos significativo que la Corte haya estimado que los programas privados -emitidos en servicios limitados de televisión- de opinión política sean considerados propaganda electoral (sobretodo por cuanto quien en este caso particular participaba y producía ya ostentaba un cargo público -Corte de Apelaciones de Antofagasta (Autos Rol Nº 749-2005) confirmada por sentencia de la Excma. Corte Suprema en autos Rol Nº 6.109-2005-); pero, a partir de esta interpretación jurisprudencial -extensiva a mi gusto- de lo que es la propaganda electoral y, en consecuencia, de lo que los juzgados debieran considerar parte de una campaña política electoral, se abre una puerta -creo- peligrosa.

Debemos tener presente que son precisamente quienes ostentan cargos públicos los que constantemente tienen un acceso casi ilimitado -particularmente en los medios de las localidades que representan- a lo que es la publicidad del ejercicio de dicha función y, nadie en su sano juicio, postularía que, lo que en razón de dicho titulo se recibe, se trate de publicidad con caracteres de propaganda electoral; salvo en ciertos casos calificados en que es el resultado de intervención electoral flagrante.

Cabe preguntarnos entonces, si esta interpretación extensiva se seguirá profundizando, ya que la limitación temporal a las campañas electorales entonces, y en contra de su razón de ser, degenerará en la persecución de otros tantos actos propagandísticos o publicitarios también -pero en esencia más políticos que electorales- que al ser indirectos no deben ser limitados. ¿Por qué imponerles a los candidatos (no autoridad) esta especie de obligación de sigilo? No hay respuesta que resulte razonable, sobretodo en vista de que, a contrario sensu, muchos concejales, alcaldes, diputados y senadores deleitan a los electores con su más fecunda labor -debidamente dada a conocer a la comunidad por los departamentos de relaciones públicas- particularmente en este periodo pre-campaña electoral.

Hay una elección, hay candidatos, hay un padrón electoral y hay propaganda y publicidad; en lo único que podemos distinguir es que para el candidato-autoridad, más o menos publicidad indirecta -de la que la Corte busca no permitir- es poco lo que podrá aportarle, cuando cuenta con la que del ejercicio del cargo naturalmente recibe, mientras que, para el candidato-recambio, la publicidad indirecta es fundamental.

Parece ser, sin duda alguna, una -más- moderna barrera de entrada que nuestro sistema político establece, concretización de esta tendencia casi desvergonzada a mantener el statu quo. ¿Cuáles son las reales posibilidades que tendrán los candidatos, que no ostentan ya los cargos a los cuales postulan, de ganar una elección con solo un mes de campaña? ¿Cuán efectivo puede resultar ese mes en contra punto a los 4 u 8 años de difusión "no electoral"? ¿No sería conveniente permitir la propaganda o publicidad indirecta, sin limitación temporal, pero con computo al gasto electoral permitido al candidato en la ley?

La verdad, es que plantear estas interrogantes no es sinónimo de nutrir una voluntad quebrantadora del espíritu de la ley en comento, sino simplemente la sana intención de buscar conciliar su aplicación mesurada, tanto con el orden de la ciudad como con la sanidad del sistema democrático chileno.

Siendo descarnadamente objetivos, estas limitaciones no hacen más que beneficiar a las autoridades elegidas y, por otra parte, nutrir un falso sentimiento de protección para aquellos que aún creen que el que su vecindario degenere en un chiquero, pero en nombre de la política, se encuentra ceñido a los marcos legales imperantes. Aquellos que aún no tienen conciencia que "ensuciar" y "hacer campaña" hace mucho tiempo dejaron de ser sinónimos. Pero ante esto, sólo hace falta remitirse al Art. 32 de la ley Nº 18.700 que regula las votaciones populares y escrutinios; que ya desde el 2003 hizo suya la inquietud pública al respecto, prohibiendo expresamente todos estos actos de vandalismo estético. ¿Dónde esta la fiscalización?  

No se trata de caer en el desatino de proponer que las campañas electorales propiamente tales duren más de un mes, o de olvidar los limites necesarios al gasto permitido, sino de evitar calificar conductas que discutiblemente puedan circunscribirse a lo que es propaganda electoral cuando no son más que actos; que en su justa medida y sin buscar quebrantar el espíritu de esta ley, son propios de cualquiera que imperiosamente requiere de darse a conocer para competir con una autoridad. Esto -el defender un sistema en que los candidatos puedan efectivamente competir- es lo que origina un sistema político sano que propenda al recambio, el resto no es más que pirotecnia. 

Para Blog Legal BCN y Frases Trasnochadas.