Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

Reconociendo que la Ley 19.946, y su consecuente reforma - Ley 19.955 -, normas con las cuales la legislación chilena pretende proteger, de manera efectiva, los derechos de los consumidores, constituyen un avance significativo en la búsqueda del equilibrio, en las relaciones entre proveedores y consumidores o usuarios, pienso (tomando como base, los enormes progresos que, en derecho comparado, se han suscitado a lo largo de los últimos tiempos, en esta particular rama del derecho), que aún falta por impulsar, la creación de una legislación que otorgue, a los derechos de los consumidores, la categoría de Derecho Fundamental.

En efecto, estructuras jurídicas extranjeras, al otorgar este rango constitucional, a los señalados derechos, han permitido el surgimiento de acciones altamente efectivas, y simples en su formulación, por parte del afectado con la conducta del proveedor infractor. Una manifestación clara de esta situación, es la que se aplica en el ordenamiento jurídico colombiano, ordenamiento en el cual, existen las denominadas acciones populares mecanismos que posibilitan, a cualquier victima de un abuso atribuible a quien ofrece o comercia un producto, denunciar ese abuso sin necesidad de abogado, con un procedimiento expedito (es decir, realmente rápido y preferente sobre cualquier otro procediendo, al estar en juego justamente, un Derecho Fundamental), y recibiendo, como retribución (Siempre que la autoridad judicial le de la razón al denunciante), un incentivo económico, incentivo que debe ser pagado por quien cometió el abuso (Por ejemplo, en la hipótesis de falsa publicidad, cuando en un diario de amplia circulación, se promueven precios de productos, menores a los realmente ofrecidos en el comercio). En últimas, este tipo acciones, fomentan una participación más efectiva del consumidor o usuario, en la defensa de sus propios intereses: el caso colombiano, así lo demuestra.