Un espacio de conversación de temas jurídicos y legislativos

por Felipe Burgos (*)

Se acaba de conocer hace unas semanas los resultados de la Sexta Encuesta Nacional de Innovación que refleja los resultados en innovación e I+D empresarial de los años 2007 y 2008: sólo un 31% del total de empresas son innovadoras, muy por debajo de países como Austria, Finlandia o Bélgica, que sobrepasa el 50%; y gastamos en I+D un 0,4% del P.I.B. menor a países pertenecientes a la OCDE, que es de 2,3%.

¿Qué medidas tomar como país para fomentar el aumento cuantitativo y cualitativo en materia de innovación e I+D? Existen varias, sin embargo el Estado para lograr impulsar cierta actividad considerada esencial por su ligamen al bien común suele echar mano a sus instrumentos de política financiera: las ayudas públicas directas o mal llamados subsidios –otorgados por organismos públicos- y los incentivos tributarios. En efecto, desde el punto de vista financiero suele ser tan conveniente recibir una suma de dinero como verse eximido de su pago.